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03 Ago 2020

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CNDH investiga detención de médico de Chiapas por abuso de autoridad
Política

CNDH investiga detención de médico de Chiapas por abuso de autoridad 

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una investigación por el caso del médico de Chiapas, Gerardo Vicente Grajales, detenido por una acusación presuntamente de abuso de autoridad por la hija de un paciente que falleció por coronavirus.

Grajales, era el encargado del área especial de COVID-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISSSTE en Chiapas, hasta que fue acusado por la hija del ex diputado local, Miguel Arturo Ramírez López, por supuestamente pedir medicamentos y equipo a sus familiares, debido a que el hospital no contaba con lo requerido para el tratamiento. 

A través de un comunicado la CNDH dijo que recibió el testimonio de un familiar de doctor señalando que desde su detención, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, han violado sus derechos humanos.

Luego de la acusación de la hija del exdiputado, el médico fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario “El Canelo”, en Tuxtla Gutiérrez y un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad.

Tras su detención, familiares, amigos y compañeros se han manifestado para pedir su liberación.

Según los abogados de Grajales, se apelará la resolución del juez porque el delito por el que se le acusa no es grave por lo que no amerita prisión preventiva.

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El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la Fiscalía tiene una nueva carpeta de investigación en contra el médico por hechos de corrupción.

Según lo dicho por las autoridades, existe otro denunciante que asegura que el Grajales junto con otra doctora llamada Ana Paola,  le pidieron dinero para proporcionarle atención médica. 

La doctora señalada ya colabora con la fiscalía chiapaneca en calidad de testigo colaborador.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a las autoridades estatales involucradas, que garanticen que sus acciones estén apegadas a derecho, sean respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda el derecho al debido proceso.

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